La ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ha sido absuelta de manera definitiva por la venta de 1.860 viviendas de protección pública a un fondo buitre, tal y como ha confirmado el Tribunal Supremo este jueves al rechazar la queja de la concejal del PSOE Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirle recurrir en calidad de vecina.
Así consta en un auto en el que los jueces desestiman el recurso interpuesto por la concejal socialista contra el auto de 11 de diciembre de 2019, dictado por el Tribunal de Cuentas. En la resolución se anuló la condena de Botella y su equipo de Gobierno por la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
La Junta de Gobierno de aquel momento estaba formada por los concejales Fermín Oslé (entonces responsable de la EMVS), Diego Sanjuanbenito, Concepción Dancausa, Paz González, Pedro Corral, Enrique Núñez y Dolores Navarro.
El Tribunal de Cuentas rechazó el recurso de la edil para recurrir en casación ante el Supremo por la venta de viviendas públicas al fondo buitre por parte de la EMVS después de que el consejo de administración de la empresa acordara no recurrir ante el alto tribunal.
González argumentó en su recurso que «la acción popular es un medio de defensa general de la legalidad, de modo que la legislación, cuando la reconoce expresamente, lo hace como un medio de control difuso de los intereses públicos».
«Control que no sustituye al que las propias Administraciones Públicas deben ejercitar por sí mismas, de modo que el ejercicio de la acción popular no enerva la legitimación que, por ejemplo, poseen ellas mismas para denunciar a aquellas personas que han lesionado sus intereses, como sucede en el procedimiento de responsabilidad contable por alcance», defendía la del PSOE.
No obstante, los jueces del Supremo esgrimen que «la ahora recurrente en queja no desarrolló ninguna actuación procesal en la instancia, y ha sido con posterioridad a la sentencia cuando ha decidido comparecer ante el Tribunal de Cuentas y anunciar su intención de recurrirla en casación».
La edil socialist ha valorado «muy negativamente» el auto del Supremo: «Da la impresión de que el Supremo ha pegado una patada al balón y por ello, en su propio fundamento jurídico tercero, me insta al ejercicio del derecho de amparo constitucional, con lo cual estoy valorando si aceptaré ese reto ya que lo haría en mi doble condición», ha dicho.
