La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de prisión para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por las irregularidades en el Campus de la Justicia (CJM) al considerar que incurrió en un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos.
Además, Prada se enfrenta a 13 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. La Fiscalía también pide seis años de prisión para otras cinco personas por su participación en la empresa pública que se formó para este proyecto.
«Junto a Alfredo Prada Presa (presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación), dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad)», apunta la Fiscalía.
El último de ellos, próximo a María Dolores de Cospedal, es el comisario de la Policía Nacional que también está imputado en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen.
el exconsejero de Justicia e Interior i
El Campus de la Justicia tenía como fin la construcción de un complejo de 14 edificios que reuniría las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, un proyecto fallido que la Audiencia Nacional lleva desde 2018 investigando.
«El capital con el que se constituyó la sociedad fue 7.350.000 euros. En 2006, tuvo una ampliación por 37.289.000 euros y pasó a tener de capital social de 44.639.000 euros», afirma Anticorrupción. «Entre 2005 y diciembre de 2008, la capacidad financiera real de CJM no superaba los 121.657.728 euros, pero el total comprometido a través de contratos de CJM en ese mismo periodo fue muy superior. Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros«.
La Fiscalía considera que tuvieron lugar 11 irregularidades en las contrataciones: «Inexistencia de informes de necesidades a satisfacer. Incorrecta definición del objeto del contrato. Indefinición de las necesidades a satisfacer. Criterios de valoración poco precisos. Inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra. Conocimiento de las ofertas económicas antes o simultáneamente al conocimiento de las ofertas técnicas. Inexistencia de participación de la Mesa permanente de contratación. Utilización sistemática de procedimientos negociados y menores con evidente fraccionamiento. Concurrencia solo aparente al ser las empresas ofertantes empresas vinculadas. Inexistencia de contrato. Asunción de gastos ajenos a su objeto social y que corresponderían a otras entidades».
Respecto a Prada, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata subraya su intervención personal y directa durante la primera fase del Campus de la Justicia: «De entrada todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan más de cinco millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil del Campus. Estas contrataciones no se decidían en la empresa, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Prada Presa, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones».
El instructor señala que el personal de Campus encargado de estos aspectos ni siquiera se encontraba en la sede de la empresa pública, sino en la de Vicepresidencia o la de la consejería de Justicia, junto al resto del personal del gabinete de Prada. El juez sostiene que en estos acuerdos sobre publicidad, comunicación y propaganda, todas las decisiones eran tomadas por el propio vicepresidente segundo, quien también firmaba los documentos de adjudicación.
Ante estas irregularidades y los gastos que supuso el proyecto, Anticorrupción también pide que se envíe la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas para que valore la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, un estudio que puede acarrerar importantes multas a los seis acusados.
