El Ingreso Mínimo Vital ha sido aprobado en el Congreso con el apoyo de todos los partidos políticos a excepción de Vox, que se ha abstenido. Asimismo, se ha acordado de manera casi unánime su tramitación como proyecto de Ley mediante el procedimiento de urgencia.
Esta medida, que garantiza una renta mínima de entre 461 y 1.015 euros mensuales, pretende sacar de la pobreza a las familias más vulnerables de España. Se estima que más de 850.000 hogares se beneficiarán de esta medida.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se han mostrado de acuerdo en que se trata de una de las iniciativas con mayor capacidad de redistribución de rentas y que «dignifica el país».
«Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad», ha aseverado Escrivá tras recalcar que el IMV no combatirá solo la pobreza sino que también impulsará la inclusión social y laboral.
«Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que sufran carencias», ha asegurado. También ha enfatizado que su coste, de unos 3.000 millones de euros anuales, es «perfectamente asumible».
Iglesias ha defendido que es el momento de hacer políticas expansivas para combatir la crisis causada por la pandemia. Esta medida, ha dicho, agilizará la recuperación económica, ya que el ingreso irá «directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando».
La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente. No obstante, el PP, Ciudadanos, ERC y JxCAT, han pedido su tramitación como proyecto de Ley para realizar cambios.
Los ‘populares’ han defendido que sería más adecuado un proyecto de ley pactado con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el tercer sector y la oposición, así como que contara con una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
Ciudadanos ha solicitado que el ingreso esté ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario, mientras que JxCAT ha pedido estudiar la compatibilidad de esta prestación con la ayuda por hijo a cargo.
ERC ha añadido que la norma tiene que ser irreversible y extensible a las personas en situación irregular y que no debe ser necesario acreditar un año entero de bajos ingresos.
El BNG y Más País, por su parte, han considerado insuficiente la cantidad de beneficiados y de cuantías, mientras que UPN ha pedido que sea gestionada por todas las Comunidades Autónomas.
