Documentos oficiales han confirmado que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, mandó al cuerpo de Bomberos a retirar, al menos, 185 cadáveres que se acumulaban durante tres días en las residencias de ancianos.
Así lo adelanta El País, donde han tenido acceso a formularios oficiales que aseguran que los cuerpos de los mayores se acumulaban «desatendidos» incluso «36 horas o más» sin ser trasladados.
«Hay que priorizar la retirada de fallecidos que nadie recoge», dicta uno de esos informes, con fecha del 27 de marzo. La Jefatura del Cuerpo de Bomberos firmó otra nota interna que rezaba: «Os queríamos hacer llegar lo crítica que está siendo la situación de las residencias de ancianos en la comunidad».
«Nos reportan desde Políticas Sociales que cuando el coronavirus entra en una residencia en pocos días tienen gran cantidad de infectados, si no todos, y un importante número de fallecidos», dicta la nota. «De las 476 residencias de ancianos, hay gravemente afectadas 37 y otras 32 que estarán en este estado en pocos días. A esto se unen también algunas residencias de discapacitados (13 en estado crítico) que replican problemas casi idénticos», comentan.
El escrito además asegura que los Bomberos recibieron «orden de la presidenta para que colaboremos con otros servicios para controlar esta desagradable situación priorizando la retirada de fallecidos que nadie recoge. Inicialmente requeriremos puntualmente la colaboración de voluntarios, pero lo trasladaremos en seguida a la guardia para que se desarrollen y resuelvan estas cuestiones de forma ordinaria», explican.
Así, los bomberos terminaron haciéndose cargo de al menos 185 cadáveres durante cuatro días entre el 4 y el 7 de abril. El responsable del Sindicato de Bomberos federado en CSIT Unión Profesional, Israel Naveso, relató que durante el pico de la crisis mandó a que se movilizaran más recursos y bomberos en una situación que fue «un despropósito y un drama».
La horrible situación de los ancianos en las residencias fue agravada exponencialmente por los hospitales colapsados y la orden desde el Gobierno de Madrid de que no se remitieran a los mayores más dependientes y enfermos a los hospitales.
