El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha privatizado una parte del servicio de rastreadores, adjudicando por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato a Indra y Telefónica por un importe de 421.080 euros con impuestos. Esta transacción se realizó en el mes de mayo, pero no se había publicado en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno regional hasta ahora.
Según se afirma en el contrato, Indra y Telefónica se encargaban ya del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP). Por esto, el Gobierno de Madrid consideró que disponían de la «infraestructura necesaria» para realizar el seguimiento de contactos y el estudio seroprevalencia de la región.
El contrato con la UTE Indra BPO-Indra-Telefónica tiene fecha de 29 de mayo y una duración de 30 días. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, esta privatización afecta a las nuevas contrataciones (42) que se ocupan de hacer llamadas telefónicas y realizar una encuesta epidemiológica a los contactos, pero no afecta a los trabajadores de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (142).
El presupuesto del contrato calcula que se harían una 4.000 llamadas al día cuyo coste individual sería de 2,90 euros. Según Ruiz Escudero, en la región se realizan en este momento 8.000 llamadas diarias. No obstante, no ha explicado las condiciones en las que continúa en vigor esta adjudicación porque no conoce, según dijo, los términos del acuerdo.
