La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso una condición de lo más infantil para confinar la región, la más afectada por la pandemia de coronavirus del país: que en el resto de España se aplicaran las mismas medidas, aunque las cifras fuesen mejores.
Finalmente, el presidente Pedro Sánchez y la regidora madrileña llegaron a un acuerdo este martes, un convenio que no ha durado ni 24 horas. Con la excusa de exigir más y mejores criterios, el Gobierno de Ayuso ha roto el pacto, esgrimiendo que las medidas que esta tarde debían ser avaladas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad de movimientos.
Con esta estrategia, el Gobierno madrileño pretende frenar el acuerdo para evitar el confinamiento inmediato de Madrid capital y en un futuro próximo tener que confinar algunos de sus feudos electorales.
Por otro lado, gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana han expresado su disgusto ante la imposición del confinamiento, ya que consideran que se trata de un pacto «bilateral» entre dos administraciones cuyo objetivo es beneficiar al Gobierno regional que peor ha actuado ante la pandemia.
Para evitar el confinamiento de Madrid capital, la Consejería de Sanidad ha reclamado que no se trate por igual a todos los distritos de la capital, que se tenga en cuenta la capacidad hospitalaria y la diagnóstica, muy altas en Madrid, y que se mejore la seguridad jurídica a la hora de establecer un confinamiento. Asimismo, exige que se haga pública la base científica y técnica que refrenda el nuevo criterio de los 500 contagios por 100.000 habitantes.
