A las horas de que la borrasca Filomena apareciese en Madrid, Isabel Díaz Ayuso se apresuraba a pedir a los ciudadanos que retiraran la nieve acumulada en las cales de la capital. Y es que el limitado equipo del que disponía ponía en jaque el funcionamiento de la ciudad.
«Estamos viendo en estas horas estas imágenes de guerras de bolas, de gente esquiando, etcétera, y nosotros queremos pedirle a toda esa gente y a todos los ciudadanos que tengan fuerzas, que se encuentren bien, que nos ayuden a retirar toda la nieve posible. Tenemos unas horas cruciales», pedía la presidenta.
Poco después aparecía Almeida pidiendo a los madrileños que se desplazaran a los puntos de encuentro en los que el Ayuntamiento se encontraba repartiendo sal gratis para esparcirla y derretir la nieve acumulada. Estas peticiones han provocado mucha polémica, y es que muchos aseguraban que el Ayuntamiento no podía hacer cargo a los ciudadanos de quitar la nieve.
Y, efectivamente, así lo aseguró el Supremo en una sentencia de 2012: los vecinos de Madrid no están obligados a retirar la nieve de las calles, dado que el Ayuntamiento es el competente para la limpieza viaria de la capital.
En una sentencia de 2012 tras estimar un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos del 2009, cuando Alberto Ruiz-Gallardón estaba al frente del Consistorio.
Los magistrados aclararon que el Ayuntamiento de Madrid «ostenta la competencia en materia de recogida, transporte, selección, valoración y, en su caso, eliminación de los residuos urbanos municipales».
Así, el Supremo aseguró que el «Ayuntamiento de Madrid es competente para la limpieza de las vías y espacios públicos y para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos o municipales generados y depositados en el municipio en la forma en que se establece en la presente Ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local».
