El Gobierno aprobó hace una semana escasa el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Uno de los apoyos que se prevén es el de el Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal, conformado por Adelante Andalucía, Compromís, Catalunya en Comú, Más Madrid, Més per Mallorca y Geroa Bai.
No obstante, estas formaciones no las tienen todas consigo, ya que el anteproyecto de ley no satisface algunas de las peticiones que ellos realizaron en 2017 con su propuesta de Ley de Víctimas del Franquismo.
La reivindicación más fuerte que hacen desde la agrupación es la de ilegalizar partidos políticos franquistas. Pretenden que sean consideradas «contrarias a la Memoria Democrática del Estado español y a la dignidad de las víctimas» todas aquellas «asociaciones, entidades, fundaciones… etc. que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan el golpe militar del 1936, el franquismo o a sus dirigentes, procediendo a su ilegalización inmediata».
En caso de que sus reclamos sean escuchados, la legalidad de Vox pendería de un hilo, dado que en innumerables ocasiones los ultraderechistas han mostrado su afinidad con la dictadura franquista.
Otra de las propuestas de la Izquierda Confederal es explicitar la legitimidad del Gobierno republicano y la ilegalidad del Gobierno franquista, un hecho que no se menciona en la propuesta del Ejecutivo.
