El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid y a siete miembros de su Gobierno a pagar 23 millones de euros por una venta en octubre de 2013 que reusltó ventajosa para dos sociedades (Fidere Gestión y Fidere Vivienda) del fondo buitre Blackstone pero no para las arcas públicas.
Se considera que permitieron la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas por 128 millones de euros, 25.700.000 millones por debajo de su valor real, sin llevar a cabo tasaciones fiables ni publicidad adeucada y facilitando información privilegiada.
Como principal responsable figura al entonces responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid Fermín Osié, pero también son responsables directos Ana Botella y todos los concejales que estaban en la junta de la EMSV. Todos ellos deben asumir el pago solidario de los 23 millones.
La demanda se presentó en 2017, pero fue estimada parcialmente. Se reclamaba un daño patrimonial por encima de los 55 millones. Los sentenciados han anunciado que recurrirán, asegurando que siguieron «el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado» y recordando que «la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación».
