El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, después de que el Senado la aprobara la semana pasada con algunas modificaciones en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia, a la que pertenece esta norma. La votación ha concluido con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.
La normativa, que entrará en vigor tres meses después de aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo pidan y que sufran un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
El paciente que lo solicite deberá tener nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el país superior a 12 meses. Además, tendrá que ser mayor de edad y «capaz y consciente en el momento de la solicitud«.
La ley también establece que, en caso de que el paciente esté consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito u otro medio que deje constancia si no puede escribir en dos documentos separados por 15 días, haciendo constar que no es «resultado de ninguna presión externa«.
Tras la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas, pronóstico, y posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Luego ello, el paciente tendrá que confirmar su deseo.
Después de la segunda solicitud se celebrará una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, pero antes pedirá la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» pero que no pertenezca a su «mismo equipo«. Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá escoger a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.
Los dos expertos tendrán que estar de acuerdo en su decisión. Si no es así, el pleno de la comisión será quien tenga la última palabra. Los profesionales sanitarios directamente involucrados en esta práctica «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito«.
La normativa ha tenido el absoluto rechazo del Grupo Parlamentario de Vox, cuya diputada Lourdes Monasterio ha anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional y hasta que no llegue la sentencia pedirán la paralización de la ley.
«Le haremos frente y, más pronto que tarde, ganaremos y daremos esperanza a quien la ha perdido y, así, protegeremos la vida a todos los españoles«, ha afirmado.
