Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial a Juana Rivas, la granadina condenada a dos años y medio por no permitir que sus hijos volvieran a Italia con su padre, de quien estaba separada.
«Lo que ha hecho el Gobierno es tomar en consideración el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que esta mujer tuvo que tomar estas decisiones», ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Los jueces favorables al indulto parcial destacaron la “angustia extrema” que mostró el hijo mayor de Rivas durante el proceso judicial por tener que separarse de su madre y vivir con su padre, Francesco Arcuri, que está denunciado por malos tratos.
En 2009, Arcuri fue condenado por un delito de violencia machista a tres meses de cárcel y alejamiento de Rivas durante 15 meses. Sin embargo, las denuncias que Rivas le puso después no han prosperado. La sentencia consideró probado que la golpeó “repetidamente” y le causó lesiones que requirieron asistencia médica.
Tras la condena estuvieron separados hasta 2013, cuando volvieron a ser pareja y nació el segundo de sus hijos. Vivían en Italia hasta que, en mayo de 2016, Juana volvió a este país con sus hijos, denunció otra vez a Arcuri por violencia machista y no le devolvió a los menores.
A finales de junio de 2017, Rivas desapareció durante un mes con sus hijos para no entregárselos al padre y fue declarada en busca y captura. Finalmente se presentó con ellos en una comisaría. Durante ese mes, comenzó una movilización en apoyo a Juana, especialmente por parte del colectivo feminista. Alrededor de un centenar de organizaciones publicaron esta semana una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que le pedían una reunión para solicitar el indulto de Rivas y afirmaban que la petición está respaldada por “más de 400.000 personas”.
Finalmente, el Gobierno ha decidido aprobar un indulto parcial de acuerdo con lo que pidieron la mitad de los jueces del Supremo. Esta decisión se fundamenta en el principio de equidad y “el interés mayor supremo de los menores”. De esta manera, los dos menores podrán volver a estar con su madre.
Además, han puesto en valor que Juana en todo momento respetó el régimen de visitas que se fijó y pagó los daños patrimoniales de 12.000 euros que le exigió el juez. Rivas ingresó voluntariamente el pasado mes de junio en un Centro de Inserción Social para cumplir la pena.
El objetivo del indulto es evitar que Rivas «pierda la custodia y pueda tener a sus hijos con ella”, y, según han añadido fuentes gubernamentales, el motivo principal no era anular la condena de privación de libertad, ya que ella ya disfrutaba del tercer grado penitenciario (semilibertad).
