El pasado 13 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, llevó a cabo el desalojo del centro social La Ingobernable, situado en el número 39 de la calle del Gobernador.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concluido ahora que el desalojo fue ilegal, dado que en el momento en el que se emitió la resolución municipal en la que se amparaba el desalojo el Ayuntamiento no era propietario del inmueble.
En ese momento, el edificio estaba cedido a la fundación del arquitecto Emilio Ambasz, una cesión que llevó a cabo la ex presidenta Ana Botella en 2013. Así, el Tribunal Superior ha anulado la resolución, emitida en 2017.
Desde La Ingobernable denuncian que «el Ayuntamiento no tenía legitimidad de iniciar y tramitar el proceso de desalojo». Naomi Abad, abogada de Red Jurídica, afirma que, en todo caso, «tendrían que haber iniciado el procedimiento por la vía de lo penal».
«La administración era perfectamente conocedora de que no tenían legitimidad y aún así dictaron el procedimiento de desalojo», recalca Abad.
