El Gobierno ha informado de que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asumió completamente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores, un total de 1.235.441 de euros, de la tripulación del yate Fortuna al que renunció en 2013 el rey emérito Juan Carlos I.
La administración ha respondido así a la pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, que reclamó explicaciones al Ejecutivo sobre el coste por el «despido improcedente» de los diez trabajadores de este yate.
Según ha explicado el Gobierno, en el año 2013 el emérito renunció al yate Fortuna, que fue desafectado mediante un real decreto. Tras esto, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia S.A.