El Gobierno ha adjudicado el contrato del recuento electoral del próximo 10-N sin pasar por concurso a Indra, la compañía imputada por la financiación ilegal del PP en el Caso Púnica.
El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha optado por esta empresa vía una adjudicación directa de emergencia. Esto sólo es posible hacerlo cuando se necesite actuar de forma inmediata «a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». En este caso, el factor ha sido la falta de tiempo
El departamento podía elegir entre Indra y Scytl, siendo finalmente primera la elegida. La decisión fue comunicada por Marlaska a ambas compañías de su decisión por el mismo precio que el de las elecciones del pasado 28 de abril; 7,4 millones, un precio ultra reducido ofrecido por Indra, contra los 10 millones a los que salió la licitación.
La adjudicación ocurre solo unas semanas después de que la compañía fuera imputada como persona jurídica por el ‘Caso Púnica’, en el que se busca condenar la financiación ilegal del PP a través de la supuesta caja ‘B’. Al no haber aún una sentencia firme, no existía prohibición de contratar la compañía.
