El anteproyecto de la Ley de Memoria Histórica permitirá anular la condena de los últimos condenados a muerte por la dictadura de Francisco Franco, según avanza ‘Público’.
El abogado de la familia del militante Salvador Puich Antich, Sebastián Martínez Ramos, ha declarado como representante de las cuatro hermanas del fusilado por garrote vil el 2 de marzo de 1974 que «lucharán para una anulación definitiva en los tribunales» a la espera de que sea aprobado en el Congreso en el primer trimestre de 2021.
La declaración expresa de nulidad «por vicios de forma y fondo de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura» supone un gran avance respecto a la legislación vigente, que «se limita a establecer la ilegitimidad de este tipo de sentencias, lo que ha impedido la revisión y anulación de las mismas«, como consta en la Ley de Memoria Histórica de 2007.
El nuevo anteproyecto memorialista facilitará en su artículo 5.3 declarar como «ilegítimas y nulas las condenas y sanciones con independencia a la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones», lo que permitirá «declarar la nulidad también de condenas dictadas en el marco de juicios injustos, de motivación política, aunque desarrollados con base en delitos ordinarios», como es el caso de Puig Antich y los últimos fusilados.
Victoria Sánchez Bravo, hermana de José Luis Sanchez-Bravo Solla, otro de los últimos fusilados, ha afirmado que lo que «pretendemos es que se repare su nombre y su condena. Por lo menos que quede limpio. Pretendemos que se restituya la inocencia que le quitaron en un juicio en el solo pretendían un escarmiento a la izquierda».
