El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que busca ilegalizar las fundaciones o asociaciones públicas que hacen apología al franquismo y declarará nulas las sentencias emitidas por los tribunales de represión franquistas.
En este proyecto que arranca ahora su tramitación incluye la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se encargará de investigar los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura bajo el derecho internacional de los Derechos Humanos.
También se revisarán y revocarán las medallas y reconocimientos entregadas que resulten incompatibles con esta nueva ley, además de que los descendientes de los brigadistas internacionales que batallaron en la Guerra Civil podrán acceder a la nacionalidad española si así lo desean.
En el proyecto consta la conversión en cementerio civil del Valle de los Caídos, con la promesa del Gobierno de exhumar, en la medida de lo posible, a las víctimas allí enterradas y cuyas familias lo pidan. La fundación de monjes benedictinos que gestionan el Valle se «extinguirá automáticamente».
La Ley tiene como objetivo además crear un Censo Nacional de Víctimas, ya que «en este país aún no sabemos cuántos muertos hubo en la Guerra Civil ni cuántos desaparecidos», tal y como dijo el secretario de Estado. Además, se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar la identificación de las personas que sean exhumadas.
Este anteproyecto, además, incluye la incorporación de la enseñanza de la memoria democrática en los cursos de bachiller con la transformación de contenidos, formación de profesorado y funcionarios.
La nueva Ley de Memoria Democrática incorporará un régimen sancionador ante posibles acciones y omisiones contrarias a esta nueva ley, como la destrucción de fosas, lugares de Memoria Democrática o elementos simbólicos, actos de exaltación del franquismo, entre otras.
