El Govern obligará a reducir al 50% los alquileres de los locales cerrados por la pandemia. En caso de que arrendatario y propietario no se pongan de acuerdo en otras modificaciones, la reducción será a la mitad, pero podrá ser inferior en caso de que el local tenga que cerrar de forma parcial.
El decreto que el Gobierno catalán ha aprobadoeste martes en el Consell Executiu permite a los inquilinos solicitar cambios «razonables» en las condiciones del contrato, pero si no hay acuerdo mediante la negociación, la reducción del alquiler será obligatoria mientras duren las restricciones a la actividad, ya sean parciales o totales.
El decreto prevé que en dos años se incluya la cláusula ‘rebus sic stantibus’ en el ordenamiento jurídico, que posibilita la revisión de las obligaciones y contratos cuando, por fuerza mayor, a una de las partes le resulta imposible cumplirlas.
El objetivo de esta medida es «evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, así como eludir la judicialización de los posibles desacuerdos que se produzcan en esta negociación», según ha explicado Meritxell Budó, conseller de Presidencia y portavoz del Govern.
Esta norma afectará tanto a bares y restaurantes como a teatros, gimnasios y centros de estética.
También se ha puesto sobre la mesa un paquete de ayudas de 40 millones de euros que se ofrecerá a la restauración y los centros de belleza forzados a cerrar. Se podrán recibir hasta 1.500 euros por negocio para compensar los 15 días decretados de cierre y pagar gastos como el alquiler o los suministros.
También se ha aprobado una línea de financiación del Institut Català de Crèdit (ICF) para impulsar la reactivación de los negocios de los comercios tras el cierre; una línea de 20 millones que estará avalada por la sociedad pública Avalis.
