La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha repetido hasta la saciedad desde el inicio de la pandemia en España que su administración adquirió el material sanitario adecuado en todo momento, no así el Gobierno central, al que la dirigente del PP ha dedicado numerosas críticas al respecto.
«Nosotros hemos comprado bien, a buen precio y sin nada fallido», llegó a asegurar Ayuso, quien acusó al Ministerio de Defensa de haber adquirido y distribuido mascarillas falsas en hospitales de la capital. Estos productos fueron comprados por ella misma.
Pese a la impecable actuación que defendían constantemente a modo de mantra, este miércoles se ha hecho público un documento oficial firmado por Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, en el que se reconocen diversos fallos en la compra de material sanitario.
En el escrito, dirigido a la diputada socialista Pilar Sánchez, Escudero desglosa los pedidos realizados por la comunidad y reconoce al menos cuatro errores de bulto: cambio de materiales a última hora por falta de stock, respiradores que no funcionaban correctamente, aumentos de precio y cancelaciones por falta de seguridad.
El primer problema sucedió en el primer pedido. El 22 de marzo el Gobierno de Ayuso destinó 23,3 millones de euros a la compra de material sanitario. Dos días después, se modificó la compra a la compañía BPO International Group porque no contaba con las 500.000 mascarillas tipo FFP3 encargadas, por lo que se cambiaron por 44.000 unidades de buzos, 380.000 mascarillas FFP2 y 1,5 millones de mascarillas desechables. El precio final de la compra fue el mismo.
El 24 de marzo Ayuso liberó otros 23,8 millones para adquirir respiradores, pero, según reconoce el documento, «no fueron suministrados porque no cumplían los requisitos técnicos exigidos». El importe pagado fue «reintegrado».
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria del SERMAS pidió el 31 de marzo la compra de material sanitario para profesionales y pacientes por un valor superior a 27 millones. El Ejecutivo regional tenía previsto comprar este inventario a las empresas Care Quality Service, Health y Artiberia Real Estate, pero finalmente no lo hizo «ante la imposibilidad de abordar estas adquisiciones con la seguridad exigida en estas transacciones».
El 20 de abril, el Gobierno madrileño comenzó los trámites para una adquisición cuyo precio aumentó en dos ocasiones distintas. La viceconsejera de Asistencia Sanitaria firmó una declaración de emergencia para adquirir material sanitario por un importe de 14 millones de euros (mascarillas de tipo FFP3 y FFP2 y EPI). Debido al cambio alcista de la moneda, se aumentó el precio a 15 millones de euros y finalmente se terminaron pagando 18,55 millones.
