El Gobierno de Madrid recurrió a sanitarios venezolanos sin contrato para llevar a cabo la llamada Operación Bicho, el plan del PP madrileño para medicalizar las residencias.
Según avanza la periodista Laura Galaup para El Diario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se limitó a «contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante a los que no se dio de alta en la Seguridad Social». Tras los trabajadores quejarse de esto, fueron amenazados con el despido.
El medio antes citado recoge el testimonio de varios trabajadores que participaron en esta operación entre el 26 de marzo y el 6 de abril, describiendo «un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontratación que eligió para esta misión». Para más, no se conoce el coste de la medida.
Entre las irregularidades descritas por los testigos, destacan la «ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron». Cuando los trabajadores se quejaron de esto, Eduardo Aragonés, gerente de Transamed -la subcontrata-, amenazó con el despido.
La periodista informa además de que Transamed recibió la adjudicación a través de los buenos oficios de Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña y asesor de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.
Desde El Diario aseguran que la llamada «medicalización de las residencias» se limitó a poner a los sanitarios de Transamed a «levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios». Una más que pobre operación que pasó factura: casi 7.000 ancianos fallecidos en la pandemia y una crisis interna en el Gobierno de Madrid por cómo se gestionaron las residencias.
