El Gobierno de centro-derecha de Mark Rutte en Países Bajos ha sido forzado a dimitir tras un escándalo de graves consecuencias. Las autoridades tributarias acusaron de fraude a 26.000 familias que recibían un subsidio oficial para el cuidado de sus hijos. Hacienda comunicó a las familias que no tenían derecho a las ayudas y tuvieron que devolver las cantidades recibidas, que en algunos casos llegaban hasta los 100.000 euros. Ahora se ha hecho público que los oficiales de Hacienda lanzaron sin pruebas las acusaciones, obligó a los padres a devolver el dinero recibido y los persiguió judicialmente, llevando a muchos de esos hogares a la bancarrota o a la pérdida de sus domicilios.
Los medios neerlandeses consideran inminente la presentación de la dimisión de Rutte y su Gobierno al rey Willem-Alexander en las próximas horas. Aunque dimiten, seguirán como Gobierno en funciones hasta las elecciones generales, que se celebrarán en marzo.
El caso se dio a conocer a mediados de diciembre, pero los hechos ocurrieron entre 2012 y 2017. A los beneficiarios de ayudas se les trató como delincuentes por simples defectos de forma en la cumplimentación de requisitos administrativos. El Defensor del Pueblo denunció que Hacienda puso a las familias en una situación «imposible» y vulneró los derechos de la infancia, según informa ‘El Salto’.
Un informe de una comisión parlamentaria ha concluido que se siguieron una serie de consignas que atentaron contra el amparo legal de los hogares beneficiarios de ayudas. El informe apunta como responsables últimos al primer ministro Mark Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, y a los ex miembros del gobierno del gabinete anterior Lodewijk Asscher y Eric Wiebes, entonces ministros de Asuntos Sociales y de Finanzas, respectivamente.
Las compensaciones de este escándalo ascienden hasta los 500 millones de euros. La dimisión en bloque tiene como objetivo evitar una moción de confianza y la reprimenda parlamentaria.
