El Gobierno tiene previsto aprobar este martes una medida por la que se paralizarán los desahucios hasta seis meses después del levantamiento del estado de alarma. Podrán atenerse a este decreto los hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
El real decreto ley que regulará esto permitirá que todos los inquilinos que pertenezcan a «unna zona de vulnerabilidad» se acojan a microcréditos, sin intereses ni comisiones, que podrán devolver en un plazo de seis años, prorrogable otros cuatro.
Para los casos en los que «no se pueda afrontar el pago de los microcréditos», el Estado concederá ayudas directas «para saldar su deuda con el ICO». Estas ayudas podrán llegar hasta un importe máximo de 900 euros mensuales, para pagar «hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito», y de 200 euros al mes para hacer frente al pago de la comunidad, mantenimiento y hasta el 100% de los suministros básicos.
La medida está dirigida a las personas desempleadas, las afectadas por ERTEs o reducciones de jornada y a los autónomos que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), «incrementado por hijos y dependientes a cargo».
Unidas Podemos defendía una suspensión directa del pago de alquileres para los más vulnerables, ante la oposición de la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño. Finalmente no habrá moratoria ni suspensión.
El decreto también establecerá una «prórroga extaordinaria» de seis meses para todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, incluyendo también los no vulnerables.
