El Gobierno reformará la futura Ley de Libertad Sexual ya aprobada en primera lectura en el Consejo de Ministros en marzo para incluir medidas contra la industria de la prostitución.
Específicamente se buscará nombrar como delito «el enriquecimiento derivado de la explotación sexual de mujeres en locales», lo que implica castigar a los dueños de los locales y clubes en los que se ejerza la prostitución si se enriquecen con ello.
El objetivo de esto es «acabar con la impunidad» e «impedir que la industria de la explotació nsexual que opera en España continúe lucrándose». El Gobierno busca recuperar la «tercería locativa», que se contemplaba en el Código Penal de 1973 y se eliminó posteriormente, encargada del castigo de este tipo de enriquecimientos por la prostitución de terceras personas.
El artículo hace responsable penalmente al «amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación». Así, Igualdad y Justicia se unirán para perseguir el proxenetismo «en todas sus formas».
Actualmente, para que sea delito tiene que haber violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima para que se castigue a quien «determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución». Lo conocido como proxenetismo coactivo.
Estas reformas penales se complementarán con «medidas de acompañamiento integrales de protección social, habitacionales y salidas laborales y económicas para las víctimas de explotación sexual y trata», que han sido también incluidas en el Ingreso Mínimo Vital aunque se encuentren en situación irregular.
