En esta nueva normalidad en la que nos adentramos, el uso de mascarillas en lugares públicos donde no sea posible mantener una distancia de 1,5 o 2 metros y sitios públicos cerrados seguirá siendo obligatorio.
Ante esta obligación, el Gobierno fijará una multa de hasta 100 euros para quien no se ponga la mascarilla a partir del 21 de junio en toda España, cuando se levante el estado de alarma. En este contexto, se mantendrá la campaña para evitar aglomeraciones y la distancia social, que se extenderá desde centros comerciales a escuelas.
En los medios de transporte, el Gobierno no pondrá una aforo máximo, pero exigirá que en los aviones, los operadores deberán informar de la identidad de los pasajeros con cuatro semanas de antelación.
En la nueva normalidad, los jefes de las residencias de mayores deberán «presentar a la autoridad competente de salud pública un Plan de Continencia por COVID-19» para la «identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos». Además, deberán velar «por que las visitas y los paseos se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio».
En los colegios la distancia de 1,5 y 2 metros deberá estar garantizada, al igual que el acondicionamiento del aula y la desinfección. Si esto último no es posible, el Gobierno exige «medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio».
