El titular del juzgado de instrucción número uno de Collado Villalba (Madrid) ha impuesto este martes una orden de alejamiento para Miguel Ángel Frontera, el líder de las protestas frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Este no podrá acercarse a más de 500 metros respecto al domicilio y al lugar de trabajo del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad y no podrá comunicarse con ellos a través de ninguna vía.
Frontera ha declarado durante una hora y ha sido representado por la abogada Polonia Castellanos, presidenta en la Asociación de Abogados Cristianos. Frontera ha admitido los hechos en la jornada de este martes en el juzgado de Collado Villalba, confesando que se subió a una roca para grabar el interior del domicilio y que acude con regularidad al domicilio de los políticos y sus tres hijos pequeños. Según su testimonio, el hecho de que en la vivienda residan niños de corta edad no le disuade de seguir con el hostigamiento.
El juez ha considerado que los delitos de los que se acusa a Frontera, que son los de coacciones, acoso, desobediencia a la autoridad e injurias graves al acusar a Pablo Iglesias de ser «hijo de terrorista» en una pancarta, no están amparados por la libertad de expresión ni la de reunión.
La orden de alejamiento tendrá la misma duración que la instrucción del caso y después, durante el juicio. Montero e Iglesias declararon el lunes telemáticamente y los dos reconocieron que tienen «miedo«.
El juez ha justificado la emisión de medidas cautelares por la “situación de riesgo en las víctimas” y ha advertido a Frontera de que en caso de que las incumpla podría ordenar su prisión provisional.
