El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que se investiguen 23 contratos de obras adjudicadas entre 2002 y 2004 bajo el mandato de José María Aznar, por valor de unos 570 millones de euros, según ha avanzado RTVE.
El pasado 30 de noviembre, la UDEF solicitó que se investigaran contratos de hasta cinco ministerios de ADIF, Aena y de Renfe para «allegar elementos indiciarios sobre el objeto» de la investigación.
Con este motivo solicitaron requerir a la Secretaría General Técnica el contenido completo del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que correspondían a los Ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente.
La razón por la que la UDEF realiza esta petición es el contenido de las declaraciones del empresario Alfonso García Pozuelo y Francisco Correa durante el juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel.
Se intenta verificar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del PP, que manejaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, «corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública».
El empresario, dueño de la Constructora Hispánica, afirmó en su declaración que el dinero entregado a Correa fue a parar a organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las compañías hacia Bárcenas, que, si tenía éxito, generaba el pago de una comisión que repartía entre los partícipes y el PP.
Además, UDEF recuerda que en la declaración de Bárcenas reconoció que Alfonso García Pozuelo entregó dinero a Lapuerta como tesorero nacional del PP, dinero que se anotaba en una contabilidad extraoficial que llevaban los dos para llevar un control interno.
