Otra victoria para el historial corrupto del PP. El magistrado Eduardo Muñoz de Baena ha elegido absolver al PP y a tres de sus empleados tras considerar que no hay pruebas suficientes para condenarlos por un delito de daños informáticos y encubrimiento.
El magistrado ha considerado que en el juicio no ha habido pruebas concluyentes de que -Carmen Navarro, actual gerente del partido; Alberto Durán, asesor jurídico; y José Manuel Moreno, responsable informático- tuvieran la intención de eliminar los discos duros en enero del 2013 para así impedir o dificultar la investigación de la caja B del PP. Así, se les aplica el principio in dubio pro reo -ante la duda, se debe fallar a favor del acusado-.
El juez considera probado que el responsable informático «sometió ambos soportes a un procedimiento de borrado seguro mediante la ejecución de un programa que realiza 35 sobre-escrituras en sucesivas pasadas» y que, «tras el borrado, rayó los dos soportes de almacenamiento y se deshizo de ellos». Afirma que lo hizo «conforme con el protocolo interno implantado por el Partido Popular en el marco del documento de seguridad» obligados por el reglamento de Protección de Datos.
Aún así, el juez aprecia «desconfianza» por el testimonio de Bárcenas por su «cambio en el relato». «No es coherente que Bárcenas dijera el 15 de julio de 2013 que el pendrive [que entregó al juez Ruz, instructor del caso de la caja b] contenía la totalidad de lo almacenado en el Toshiba y que, sin embargo, en las intervenciones en esta causa haya afirmado que quedaron datos en el ordenador», asegura, aunque sigue sin ser suficiente para condenarlos.
