El pasado 1 de julio, la Fiscalía suiza envió a la española la documentación relativa a la investigación que desde hace dos años se hace a Juan Carlos I, sobre todo respecto a los 65 millones de euros recibidos de Arabia Saudí. Ese 1 de julio prescribió el delito fiscal de 2014, lo que, sumado a la inviolabilidad del emérito antes de su abdicación, entorpece cualquier causa contra el monarca.
Según explica ‘El Confidencial’, el delito de blanqueo es difícil de demostrar dado que no se puede investigar el origen del mismo al haber tenido lugar antes de junio de 2014, cuando el rey abdicó. Como mucho, Juan Carlos I «podría tener un problema fiscal, sea una infracción o delito fiscal», indica Pablo Molina Borchert, abogado experto en delito fiscal.
«Tratar de investigar los hechos anteriores es darte contra un muro. No puedes ni preguntarle. Si cuando deja de ser Rey tiene 50 millones en Suiza, no le puedes preguntar de dónde los ha sacado», afirma el letrado.
Ese delito fiscal se produciría porque el ex monarca no declaró en su renta el dinero que tenía en Suiza, sus propiedades en el extranjero ni sus rendimientos. Estaba obligado a declarar todo ello, incluidas cantidades superiores a 120.000 euros. Pero tras la donación en 2012 de los 65 millones a Corinna Larsen, el emérito no podrá ser juzgado en nuestro país por esta cantidad.
No obstante, pese a esta donación a su ex amante, Juan Carlos I podría haber disfrutado de los pisos y otros gastos que esta podría haberle pagado con el dinero que recibió del emérito. Pero en caso de haberse cometido un delito fiscal en 2014, habría tenido lugar el 30 de junio de 2015, cuando tendría que haberlo incluido en la declaración de la renta. El problema llega el 30 de junio de este año, momento en que ese delito prescribió.
