Según un comunicado de este jueves del Tribunal Supremo, es la entidad prestamista, es decir, los bancos, y no quien recibe el préstamo, quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
La sentencia anula el artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, en el que se establecía al prestatario como sujeto pasivo del impuesto, por ser contrario a la ley. El Supremo modifica también anula así una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminaba lo contrario.
De nuevo, los tribunales enmiendan prácticas de la banca de los últimos años. Esta sentencia se suma a las de las cláusulas suelo y las hipotecas multidivisa.
Ahora, los bancos pueden enfrentarse a la devolución de millones de euros en este concepto. Hay entre seis y ocho millones de hipotecas en España y, según recoge eldiario.es, cada ciudadano hipotecado podría reclamar entre 2.500 y 3.000 euros, más intereses, de media.
