Iliass Tahiri, un joven de 18 años, falleció el pasado 1 de julio de 2019 en el centro de menores Tierras de Oria de Almería tras una inmovilización del personal que resultó fatal. Las cámaras de vigilancia del recinto, que no habían sido publicadas hasta ahora, revelan que el adolescente no opuso resistencia, pero se le aplicó igualmente el protocolo de agresividad.
Seis personas (un responsable del centro y cinco guardias de seguridad) metieron a Iliass esposado y con las manos en la espalda en una habitación, donde le colocaron boca abajo en una cama y le ataron los pies, las manos y el abdomen. El joven estuvo en todo momento inmovilizado con una persona encima, en una intervención que duró 13 minutos.
Cuando se alejan del chico los responsables de seguridad, comprueban que ya no tiene pulso.
El forense que realizó el informe de la autopsia concluyó que el fallecimiento de Iliass fue una muerte violenta de tipo accidental debido a un problema cardiocirculatorio. El abogado de la familia del fallecido, Carlos Rolin, defiende en el recurso presentado posteriormente que se trata de un homicidio.
En el documento forense se especificó que no se habían «detectado signos objetivos de uso de una fuerza extralimitada» sobre el joven (lesiones o indicios de sofocación o de compresión torácica intensa).
Sin embargo, el forense sí indicó que la contención mecánica en decúbito prono (boca abajo) que recoge el Protocolo del Centro de Menores Tierras de Oria es contraria a las recomendaciones ya que «supone un mayor riesgo de muerte con respecto a la contención en otras posturas».
El pasado 5 de junio el director del centro, Manuel Madrid Saavedra, presentó su carta de dimisión. Fue él quien ordenó la aplicación del polémico protocolo.
Este centro es uno de los cuatro que gestiona la asociación Ginso, una organización que tiene detrás varias denuncias y otra muerte en circunstancias similares, la de Ramón Barrios en 2011, quien tenía en el momento de los hechos 19 años.
Iliass Tahiri fue asfixiado por 6 guardias en un centro de menores gestionado por una entidad que acumulaba denuncias, el forense lo atribuyó a una arritmia cardíaca y la jueza lo archivó como muerte accidental. El problema es el sistema. #JusticiaParaIliass #RacismoInstitucional pic.twitter.com/bKLNqI4H4r
— David Llorente (@DavidLlorenteS) June 9, 2020
