Una niña de 13 años ha sido violada por un vecino que vivía en su misma favela, en el estado de Mérida, al oeste de Venezuela. El agresor, de 52 años, la agredió sexualmente en reiteradas ocasiones, dejando a la menor embarazada.
No fue hasta los tres meses de gestación cuando la niña consiguió una pastilla para interrumpir el embarazo, proporcionada por Vanesa Rosales, una educadora. La madre de la víctima denunció la violación y, por petición de su gestora, la educadora le entregó el abortivo. La madre fue detenida y acusada de asistir a un aborto, pero fue excarcelada 22 días después.
El suceso ha generado una gran indignación en el país ya que, mientras que el violador sigue en libertad, Rosales, la mujer que ayudó a la niña, ha pasado tres meses entre rejas y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a espera de un juicio en el que se la podría condenar a 12 años de cárcel.
Según la legislación venezolana, el aborto está prohibido incluso cuando existe una inviabilidad del feto o la gestación es fruto de una violación, como es el caso. Rosales, además, está siendo juzgada por tener más de 600 dosis de este medicamento, algo que su defensa niega.
