En las últimas dos décadas, hasta 30 personas en España han sido condenadas a penas de entre uno y tres y años y medio de cárcel por actos violentos relacionados con la ultraderecha. Ninguno de estos criminales ha sido procesado por terrorismo. Así lo indica un informe de la Fundación Rosa Luxemburgo que será publicado en las próximas semanas y al que ha podido acceder el diario ‘El Salto’.
Uno de los capítulos del documento, elaborado por los periodistas Miquel Ramos y Nora Rodríguez, desgrana las escasas operaciones que los cuerpos de seguridad del Estado han ejecutado contra organizaciones de ultraderecha, que además han tenido leves consecuencias penales Todo esto a pesar de los avisos internacionales que se han recibido sobre la peligrosidad de estos grupos.
«A pesar de que todos los organismos internacionales expertos en seguridad y terrorismo advierten de que el terrorismo de extrema derecha es una amenaza potencial al nivel del yihadismo, en España no se ha considerado juzgar por terrorismo la actividad de los grupos neonazis armados”, explica Ramos, especializado en monitorear a grupos de extrema derecha e investigar crímenes de odio.
“Ni siquiera consideraron terrorismo el caso del francotirador, que la Audiencia Nacional rechazó al no considerar que el terrorismo de extrema derecha sea una amenaza en España”, afirma, haciendo referencia a Manuel Murillo, simpatizante de ultraderecha que en 2018 fue detenido tras intentar asesinar al presidente Pedro Sánchez por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
“A lo largo del informe se puede ver cómo en el Estado existen partidos legales abiertamente neonazis, que exhiben simbología nazi en sus actos, organizaciones que hacen continua apología del franquismo y regímenes genocidas sin consecuencias legales”, denuncia por su parte Rodríguez.
