Continúa el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las irregularidades en la concesión de ayudas de los ERE (expedientes de regulación de empleo). La Fiscalía ha considerado que José Antonio Griñán, expresidente andaluz, era sin duda el destinatario de los informes del interventor que advertía de las irregularidades, y que, ante estas advertencias, pudo y debió haber actuado.
El pasado abril, Griñán aseguró que nunca había recibido ningún informe que requiriera su intervención por las irregularidades o menoscabo de dinero público en los 680 millones de euros que la Consejería de Empleo de Andalucía concedió entre 2001 y 2010. Según él, solo conoció la existencia de esos informes cuando el caso salió a la luz en 2011.
Aunque la fiscalía le contradice. «Hasta tres miembros del Consejo de Gobierno (Griñán y los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y de Innovación Francisco Vallejo) recibieron el informe que recogía circunstancias relevantes para tomar medidas» decía el fiscal Manuel Fernández Guerra, recordando la declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
«El consejero de Hacienda podía perfectamente ordenar la suspensión de los pagos; el consejero de Empleo bastaba con una orden verbal al director general de Trabajo para seguir con la tramitación de las ayudas; y el consejero de Innovación podía haber dado instrucción a IDEA para dejar de pagar» continuaba el Fiscal.
