Juan Carlos I ha presentado una petición para regularizar su situación fiscal. Su abogado ha sido quien ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria.
Según fuentes informan a El País, Hacienda se encuentra analizando el escrito y estudiando las posibilidades, y se espera que en los próximos días decida si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar.
Sin embargo, la declaración presentada por el rey emérito no tiene relación con sus presuntos bienes millonarios escondidos en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos por parte de él y algunos miembros de su familia.
El uso de estas tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, poco después de la abdicación del monarca y, por tanto, perder la inmunidad. El importe defraudado llegó a superar los 120.000 euros en algunas transacciones, límite a partir del cual se considera delito fiscal, penado con hasta cinco años de cárcel.
