Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, ha anulado la orden del Gobierno regional en la que se prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad o comer en los transportes públicos, entre otras muchas.
El juez ha explicado que esta serie de normativas no pueden ser aplicadas por hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, dejando en la indefensión a los ciudadanos y convirtiéndola en «nula de pleno derecho», según ha avanzado El País.
Además, el juez ha defendido que un Ejecutivo autonómico no puede limitar los derechos fundamentales si no se declara previamente un estado de alarma, así que esta serie de normativas queda suspendida.
Las normas suspendidas, de momento, son las que contenía la orden 1008/2020 del 18 de agosto, que incluía el refuerzo de controles de vigilancia para impedir el consumo de alcohol en la vía pública, el uso obligatorio de mascarillas al aire libre y en espacios cerrados y transportes públicos, y la limitación a 10 del número de personas que pueden reunirse en la calle. Además, recomendaba reducir los encuentros sociales, no compartir «vasos, copas, platos y cubiertos» y pedía la colaboración de los ciudadanos en la realización de las pruebas PCR en caso de un brote epidémico.
También prohibía la actividad de los locales de discotecas y establecimientos de ocio nocturno, limitación de horario en las terrazas, y limitación en las visitas a las residencias. Además, prohibía el uso de las mascarillas FPP2 y FPP3, las llamadas «mascarillas egoístas».
Aún así, el juez ha reconocido la situación en la que nos encontramos y ha recordado que estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes, como la limitación del botellón.
