La acusación popular ejercida por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, en la causa abierta al exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por un presunto fraude de subvenciones por valor de 2,4 millones de euros ha solicitado al juez el embargo de los bienes para costear las posibles responsabilidades derivadas del caso.
Tal y como ha anunciado Rubén Sánchez, su abogado ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 en el que pide el embargo de los bienes de Francisco Serrano y de sus dos socios, investigados por la subvención de 2,4 millones que recibieron del programa para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) que nunca devolvieron. La Policía cree que una parte fue desviada a «fondos de inversión».
La acusación popular sostiene que Serrano y su socios «inflaron el valor de su Sociedad Limitada para recibirlas y destinaron el dinero a fines distintos al de la ayuda». La asociación ha aportado 28 nuevos documentos sobre las empresas del exdiputado de Vox para que se añadan al caso y ha pedido la declaración de una nueva testigo.
