Las 13 agendas incautadas por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre al ex comisario José Manuel Villarejo han desvelado nuevos detalles de, entre otras piezas, la operación Kitchen, que investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados para destruir pruebas contra el Partido Popular en el caso de su caja B.
En sus escritos, Villarejo dejó reflejado que en agosto de 2013 el PP borró las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede central en la calle Génova 13 (Madrid) con el objetivo de impedir que acabaran en manos de la justicia y salieran a la luz las visitas de empresarios donantes de dinero negro a la sede del partido.
En mayo de 2013, el juez instructor del caso sobre la caja b en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó un auto con el que pidió al PP el registro de visitas a su sede central hasta el 2008, año en el que finalizan los papeles de Bárcenas, para comprobar si los empresarios citados en la contabilidad habían acudido a la sede.
En junio de 2013, el partido de Pablo Casado aseguró ante el juez que no conservaba registros porque la Ley de Protección de Datos les instaba a su destrucción y tampoco tenían imágenes de las cámaras de seguridad porque las borraban cada 30 días.
Sin embargo, las agendas de Villarejo desmienten esto, ya que el ex comisario anotó el 23 de julio de ese mismo año, un mes después de la respuesta negativa del PP, «68 cámaras-visitas ult. 4-5 años» y a continuación «Villar Mir es identificado (subiendo con maletines)».
Juan Miguel Villar Mir es uno de los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas como donante de 530.000 euros a la caja B del PP, y según Bárcenas, acudía frecuentemente con dinero negro a la sede central.
El 3 de agosto de 2013, Villarejo anotó lo siguiente tras reunirse con Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de María Dolores de Cospedal: «Borrado disco duro- imágenes 6 y 7ª y ascensor».
El borrado de las imágenes se realizó en agosto, según las agendas de Villarejo, solo unos días después de la confesión de Bárcenas y en plena preocupación en el PP tras desvelarse los primeros indicios de los pagos en B por su sede. Estos llevaron al juez a efectuar distintos requerimientos contestados de manera incompleta por parte del partido y que terminaron en el registro del edificio en diciembre de 2013.
