La Pandereta

La Audiencia de Madrid tumba el recurso de Vox y archiva la investigación por supuestos sobresueldos en Podemos

Pablo Iglesias. Twitter

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la pieza sobre los presuntos sobresueldos de Podemos, enmarcada en el caso Neurona. El juez Juan José Escalonilla ya lo había hecho en dos ocasiones, pero la Audiencia madrileña tuvo que volver a pronunciarse tras el recurso de la asociación Prolege, que ejerce la acusación popular junto a Vox en distintas causas sobre Podemos.

En su auto, los magistrados de la Audiencia Provincial abroncan a Prolege, a la que acusan de buscar «una auditoría general» al partido político. Vox se sumó al recurso.

El objeto de la investigación era la exgerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada de un presunto delito de administración desleal. El juez Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que permitió Val a raíz de la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente.

Los jueces de la Sección 30 de la Audiencia de Madrid han coincidido con la representación legal de Podemos en que «parece que la acusación popular de Prolege está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son merecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara, cuando su posición procesal es discutible que le legitime para reclamar explicaciones al titular del patrimonio a quien se las exige y decidir cuáles han de ser los sobresueldos de sus trabajadores».

Prolege interpuso un recurso a pesar de que el juez ya había aclarado que la exgerente de Podemos «no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno solo». Ese complemento correspondía a la Coordinación Ejecutiva y era de 400 euros.

El pasado mes de octubre, el magistrado Escalonilla archivó las pesquisas sobre las donaciones realizadas por cargos públicos de Podemos al Proyecto Impulsa por no hallar indicios de apropiación indebida o administración desleal de fondos.

En el auto, el juez sostenía que con la documentación entregada por la formación queda «suficientemente acreditado» a dónde se dirigían los fondos aportados a través del Proyecto Impulsa, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia.

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