La Audiencia Provincial de Barcelona dice en un auto que hay que investigar la actuación policial del 1-O. Condenan el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, dado que, habiendo sido la votación anulada por el Tribunal Constitucional, no tendría validez ni efectos jurídicos. Es decir, dice que, si la Guardia Civil y la Policía Nacional no hubieran usado la violencia y hubieran permitido votar, no habría habido consecuencias.
Esta declaración contradice la decisión de una jueza de Manresa que no hizo caso a varias diligencias presentadas por víctimas de la Guardia Civil en el pueblo de Sant Joan de Vilatorrada. Según ella, los agentes actuaron acorde a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum. El auto de la Audiencia de Barcelona, por su parte, ordena investigar a los agentes que intervinieron.
Aceptan que los Guardias Civiles actuaron acorde a sus órdenes, pero condenan la violencia empleada. Los agentes, en lugar de tratar apartar a los votantes, directamente fueron a agredirles, una situación en la que «era altamente altamente probable lesionar» a las víctimas.
«Impedir que se siguiera votando en Sant Joan de Vilatorrada suponía el cumplimiento de las órdenes judiciales, pero de continuar esa votación, su resultado no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores. Nótese que en otros lugares de Cataluña no hubieron actuaciones, las votaciones se realizaron y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna» dicen desde la Audiencia.
