La Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la apertura de una investigación sobre el diputado de Vox Javier Ortega Smith, considerando que sus acusaciones contra las Trece Rosas son delito de odio.
El ultra alegó durante una entrevista con TVE que las jóvenes habían «torturado, violado y asesinado vilmente» y que «cometieron crímenes brutales en las checas».
Alfonso Aya Onsalo, Fiscal de Sala especialista en delitos de odio, ha defendido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 6 de julio de 2006 recalca la importancia de que los políticos eviten pronunciar palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, creando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.
La iniciativa surgió de familiares de las víctimas y diversas asociaciones que se querellaron contra Ortega Smith por delitos de odio y atentado al honor. Los denunciantes también pidieron que el político hiciera una «rectificación pública y que se retracte de las palabras vertidas contra las jóvenes fusiladas».
No obstante, el diputado de extrema derecha, lejos de disculparse, no se presentó siquiera en el juzgado para asistir al acto de conciliación con la Asociación Trece Rosas, que había accedido a retirar la petición de los 10.000 euros de indemnización y la condena de trabajos de exhumación si se disculpaba de forma pública.
