La Fiscalía ha retirado su acusación contra Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, y para el que reclamaba seis meses de cárcel por cooperación al suicidio.
El Ministerio Público ha presentado en el juzgado un escrito en el que retira la acusación en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de eutanasia, al considerar que Hernández está protegido por un supuesto legalmente autorizado.
La Fiscalía afirma que la ley que acaba de ser aprobada ha supuesto «el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal».
En su informe, la Fiscalía destaca la diferencia entre requisitos y procedimiento y determina que «el carácter disvalioso de los actos de cooperación al suicidio no puede hacerse depender de la efectiva tramitación administrativa seguida al objeto de lograr el reconocimiento del derecho», sino «de la efectiva concurrencia de los presupuestos materiales que permiten afirmar su nacimiento y titularidad».
Por eso, «en este caso concreto» estiman que se dan los requisitos para considerar que la conducta de Hernández no debe acarrear un reproche penal.
