El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos está estudiando un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que podría comenzar su tramitación parlamentaria en los próximos meses. Esta reforma incluirá la creación de fondos para reabrir fosas y de un banco de ADN para las víctimas del régimen, así como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
La Fundación Francisco Franco ha pedido al partido de ultraderecha Vox que «presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional» para evitar que sea disuelto, según ha informado su presidente, Juan Chicharro.
«En principio no debería preocuparnos. Con arreglo a la Constitución española es imposible que se nos ilegalice, aunque con este Gobierno socialcomunista todo puede ocurrir», ha opinado Chicharro.
El presidente de la fundación franquista ha defendido que «además, esa Ley de Memoria debe seguir un trámite parlamentario» y «cabría esperar que, como es inconstitucional, Vox presentara un recurso».
«Nadie puede, con arreglo a la Constitución, hacernos pensar distinto de como pensamos», ha añadido Chicharro, afirmando que la fundación «se financia exclusivamente con las cuotas de los afiliados». La última ayuda pública que recibió esta organización fue con el Gobierno de José María Aznar, en 2003.
La fundación, dirigida por un patronato de entre 40 y 50 miembros, cuenta con unos 1.500 socios y un presupuesto anual de unos 100.000 euros.
