La tormenta que se ha desatado por la gestión de las residencias hecha por Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno está lejos de amainar. Todo ha ido a más tras la publicación de dos correos internos de la Comunidad en los que Alberto Reyero (Cs) advertía al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escuderos (PP) de que negar el acceso a los hospitales a los ancianos de residencias «podría provocarles una muerte indigna».
Ahora, las querellas presentadas contra la presidenta de Madrid han acabado en el Tribunal Supremo. Debido a la condición de aforada de Ayuso, el juzgado número 39 de plaza de Castilla se ha inhibido en favor de la sala de lo penal del alto tribunal.
La querella fue presentada el pasado 11 de mayo por 10 directores de residencias y 26 familias, quienes exigen que sean investigados los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Los demandantes han recalcado que la Comunidad de Madrid posee todas las competencias en Sanidad y el control de las residencias de mayores.
25 familiares de residentes de geriátricos presentaron en los juzgados el 24 de mayo una querella contra cinco directores de otras tantas residencias de mayores de los municipios de Alcorcón y Leganés y contra el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
A este último le responsabilizan «por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril».
