Santiago Abascal, presidente de Vox, deberá comparecer a juicio el próximo lunes para responder como demando por la disolución ilegal del Comité Ejecutivo Provincial de su partido en Barcelona, que varios afiliados han recurrido por considerarla una vulneración de su derecho fundamental a la participación política.
Así, la juez rechaza las distintas maniobras que el partido intentó para que Abascal no se sentara en el banquillo. Primero pidió que el presidente ultra declarase por escrito, sin validez legal, que debía acudir el 16 de noviembre a un congreso en Hungría, y luego argumentó que no asistió a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox en la que se decidió cesar a la dirección del partido en Barcelona, «por lo que no tiene conocimiento personal directo de los hechos objeto del procedimiento». Y, efectivamente, no estaba en Madrid, sino en Barcelona, siendo difícil que ignorase la situación de su partido en la provincia.
Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2019, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Vox comunica a sus afiliados barceloneses que «en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial» había decidido «disolver la comisión gestora de Barcelona». En Barcelona, al contrario que en la mayoría de provincias, no había una gestora nombrada a dedo por Madrid, sino un comité elegido democráticamente por los afiliados en 2018.
Ni siquiera se abrió un expediente disciplinario que justificase su destitución, ni se daba el requisito que, según los estatutos, permitía nombrar a una gestora: que hubiera dimitido la presidenta provincial o más de la mitad de su comité.
