La jueza a cargo del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, solicitud que realizó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Así, se mantiene su citación para este miércoles.
La magistrada, que investiga a Franco por un supuesto delito de prevaricación al autorizar concentraciones en los días previos al estado de alarma, contesta en su resolución de manera rotunda todos los argumentos de la Abogacía del Estado, a la que reprocha que tardó un mes en recopilar la documentación.
La Abogacía del Estado acusó a Rodríguez-Medel de realizar una «búsqueda voraz de indicios de delito» contra el Gobierno en su gestión de la pandemia.
En un auto de 17 folios, la jueza rechaza la alegación de nulidad y paralización de las actuaciones y la indefensión esgrimida respecto a José Manuel Franco.
La magistrada recalca la suspensión de los plazos procesales con la declaración del estado de alarma y afirma que la tramitación de este procedimiento penal no tiene motivos para paralizarse porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) indica en su artículo 184 que «todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial».
También ha rechazado la petición de los dos órganos estatales para que los recursos que ha interpuesto en defensa de Franco paralicen la investigación hasta que sean resueltos: «Aplicar una regla diferente a la prevista en la ley a los recursos de la Abogacía del Estado no tiene amparo ni legal, ni constitucional, pues supondría un trato favorable para este investigado en relación con las demás partes».
