La Justicia no ha avalado a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), y ha confirmado la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en 2013, que afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante, como había alegado el Ejecutivo regional.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha emitido un auto que da la razón a los afectados, que llevan meses esperando a que el Gobierno madrileño acate el último fallo emitido en marzo por el Tribunal Supremo en el que se confirmaba la nulidad de la venta y se recuperasen las viviendas que hasta ahora eran propiedad de Azora. En ese momento, el Gobierno de Ayuso se aferró a una interpretación de la sentencia y dijo que la Justicia solo les obligaba a «indemnizar exclusivamente al [único] demandante», Rachid Bouikou.
En un auto emitido el 1 de febrero, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 rechaza esta interpretación: «Se declara que la sentencia de este juzgado de fecha 21 de Mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran», reza el fallo.
Por otro lado, concede un plazo de diez días a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que «proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada».
