El Comité de Expertos de la ONU en Derechos Humanos ha confirmado, después de 10 años de lucha por parte de la familia, que España violó el derecho a la educación inclusiva de Rubén, un joven con síndrome de Down, al enviarlo a un centro de educación especial en contra de su deseo y del de sus padres.
Naciones Unidas le ha dado un plazo de seis meses a nuestro país para que admita al niño en un programa educativo inclusivo, lo indemnice, investigue sus denuncias de abuso y haga desaparecer la segregación educativa.
«Este dictamen pone fin a muchos años de hostigamiento, de persecución y de maltrato a nuestro hijo y a nuestra familia», ha afirmado Alejandro Calleja, el padre de Rubén. «Yo tengo dos hijos, uno discapacitado, otro no. ¿Por qué Rubén no podía tener los mismos derechos que su hermano?«.
Rubén cursaba sus estudios en una escuela ordinaria de la ciudad de León. «Estuvo 8 años escolarizado en el colegio Gonzalo de Lama completamente integrado. Tenía el apoyo de un asistente de educación especial, y era feliz con sus compañeros y maestros, todo iba bien hasta el 2009», cuenta su padre.
«Cuando empezó cuarto de primaria llegó un profesor que dijo que no le quería en el aula, que solo quería ‘niños normales’, según su criterio, y a Rubén le rechazó desde el principio, más tarde nos enteramos de que le maltrataba», abunda. «Cuando fuimos a juicio las madres de sus compañeros contaron que los niños aseguraban que el profesor había intentado tirar a Rubén por la ventana de un segundo piso, que había querido agredirle con una silla, todo delante del resto de alumnos».
