La pandemia del Covid-19 ha dejado como principales víctimas a las personas de avanzada edad, especialmente a aquellas internas en residencias para ancianos. Frente al miedo a la enfermedad, este colectivo se ha visto aislado, abandonado, privado de atención sanitaria y completamente solos.
Por esto, no es de extrañar que se haya producido un gran aumento de consultas para desheredar a hijos y nietos. Entre marzo y julio, la asociación de mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU) recibió 115 peticiones para iniciar este trámite, mientras que en esos mismos meses del año pasado solo se recibieron 48. Esto supone un incremento casi del 30%.
Marcelo Cornellá, presidente de Acumafu, explica que «muchos mayores no fueron asistidos por sus familiares, ni siquiera les llamaron por teléfono. Son ellos quienes han buscado nuestra asesoría legal».
«Hablamos de los casos en los que los mayores se decidieron a empezar el proceso judicial. Porque si nos referimos tan solo a las llamadas que recibimos este número sube. Es más, podría decir que en toda España son cerca de 600.000 los interesados en desheredar, pero muchos ni si quiera dan el paso para informarse», añade.
La ley obliga en casi toda España a dejar como mínimo un tercio de la herencia a los hijos. Este porcentaje se puede eludir en caso de que los padres hayan sido maltratados física o psicológicamente por sus hijos o no les hayan proporcionado comida cuando lo necesitaban.
Para llegar a este proceso, el interesado debe probarlo jurídicamente, y en caso de maltrato psicológico, debe estar justificado por injurias, abandono o menosprecio. Es necesario que los hechos tengan un carácter grave y que se puedan demostrar. Si se cumple todo lo anterior, se podría iniciar la desheredación.
La complejidad del trámite y el desgaste emocional que supone hace que muy pocos casos acaben en una desheredación efectiva.
