La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha propuesto al Gobierno una serie de medidas que permitan asegurar la supervivencia económica de la sanidad privada.
«En este momento de grave crisis sanitaria queda fuera de toda duda la colaboración máxima con el sistema sanitario público, desde antes incluso de ser declarado el estado de alarma», han asegurado desde la ASPE.
«El Gobierno ha ordenado la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose un 80 por ciento aproximadamente, poniendo a disposición de las Consejerías de Sanidad los recursos del sector en todos los puntos de España y muy especialmente en las zonas de mayor propagación del Covid-19, donde los hospitales privados funcionan de forma integrada con las redes públicas. El ámbito sanitario privado se encuentra tratando al 19 por ciento de los hospitalizados y al 10 por ciento de los casos en UCI. Por tanto, en este momento, se mantienen el 100 por ciento de las estructuras en funcionamiento, pero sin actividad de ingresos principal, lo que puede originar repercusiones en su sostenimiento presente y futuro en muchos casos», explican en el decálogo de medidas.
Así, exponen su preocupación real: la falta de facturación y la imposibilidad de aumentar sus ganancias. Por ello solicitan al gobierno que aporte el 75% de su facturación y les ceda privilegios fiscales.
Esta solicitud llega después de la oleada de ERTEs que la Sanidad privada pretendía llevar a cabo con el fin de reducir gastos, cargando al Estado con gran parte de los salarios de sus empleados.
Estas son las medidas que propone ASPE:
1. En relación con impuestos y cuotas:
a. Exención de las cuotas de las Seguridad Social durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma.
b. Exención del pago de impuestos y retenciones del IRPF de los trabajadores durante ese mismo periodo.
c. Aplazamientos y/o bonificaciones en Seguridad Social.
d. Aplazamientos y/o bonificaciones en Impuesto de Sociedades e IBI
e. Créditos fiscales por aumento de plantilla sanitaria.
2. Acceso a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal para poder acceder a la liquidez suficiente que permita hacer frente al gasto corriente.
3. Acceso a las líneas de avales establecidas en el RD 8/2020 o a las líneas ICO de financiación de circulante para permitir la cobertura del déficit de circulante.
4. Líneas de liquidez por parte de los bancos avaladas por el Estado para afrontar pagos al contado que exigen los proveedores sanitarios (por ejemplo, EPIs).
5. Créditos blandos por inversión en material imprescindible en COVID-19.
6. Con el fin de asegurar que llega el crédito al sector, acceso a una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75% de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses.
7. Reducción IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de compras de materiales y equipos para la atención sanitaria.
8. Subvenciones para compras por el aumento elevado de los precios de material sanitario: mascarillas, guantes, batas, medicamentos.
9. Ayudas directas a centros implicados en la atención a pacientes con coronavirus.
10. Aprobación de fórmulas de cobro excepcionales:
a. Que los centros con conciertos públicos, que cobran una parte fija del contrato, sigan percibiendo esta parte y no se regularice.
b. Periodos de pago no mayores a 60 días por las aseguradoras y por el Estado.
