La Seguridad Social y las plataformas digitales de reparto a domicilio llevan en luchas legales mucho tiempo. Por fin, hoy un juzgado de lo Social de Madrid ha dado la razón al Gobierno frente a Deliveroo en el proceso celebrado en mayo al considerar que los repartidores de esta compañía no son autónomos, como defiende la compañía, sino asalariados.
Por tanto, Deliveroo tendría que haber contratado y dado de alta en la Seguridad a los 537 repartidores que trabajaron entre octubre de 2015 y junio de 2017 pagando sus cotizaciones; y no deberían haber sido considerados autónomos, abonando ellos mismos sus cuotas.
En el texto presentado por el magistrado se especifica que “los repartidores esencialmente han ejecutado un trabajo personal en unas condiciones organizadas y dirigidas por Deliveroo”. La compañía establece normas estrictas sobre las entregas: «Su margen real de autonomía se limita a aspectos que estimo que no son determinantes en orden a la calificación de la relación como laboral, como es la elección del medio de transporte (…), la concreta ruta (aunque parece evidente que elegirán la más corta) y la posibilidad de rechazar el pedido«, aunque esto «podía tener consecuencias negativas para él».
La empresa ha informado de que pretende recurrir la sentencia. “La sentencia no refleja la forma en que los riders colaboran con la compañía”, asegura Roofoods Spain, razón social de Deliveroo.
