Tras el asesinato de Laura Luelmo, el Gobierno anunció ayer mismo nuevas medidas para reforzar la seguridad de las mujeres. Carmen Calvo explicaba que planean modificar el artículo 106 del Código Penal, que regula la libertad vigilada, para extremar el seguimiento de los ex-presos.
La primera medida es comunicar cambios de domicilio. El objetivo es mantener a los presos «peligrosos» bajo un control judicial a través del cumplimiento de una serie de medidas. Entre ellas, figura la obligación de estar siempre localizable mediante GPS y de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
Otra posibilidad es obligarle a «comunicar inmediatamente cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo». Las limitaciones de movilidad pueden incluir la prohibición de ausentarse del lugar de residencia o de determinado territorio sin autorización judicial, pero también de residir o simplemente ir a determinados lugares. También se incluye impedir que se aproximen a la víctima o sus familiares.
La otra medida hablada se trata de impedir el acceso a algunos trabajos. Este artículo actualmente se aplica a terroristas, pero se pretende extender a asesinos machistas. Recoge la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, la obligación de participar en programas formativos, laborales, de educación sexual, o similares.
El juez o tribunal sentenciador podrá también modificar las oblicaciones y prohibiciones impuestas, reducir la duración de la libterad vigilada, o incluso poner fin a la misma.
